El debate sobre la reelección presidencial: una perspectiva diferente.

(Este artículo de opinión fue escrito el 27 de octubre de 2014 y posteriormente difundido en “Carta Económica”, publicación quincenal de CORDES)

La reelección presidencial indefinida es el tema que concita la atención pública durante los últimos meses. Las posiciones que al respecto toman los diversos actores van desde las que defienden irrestrictamente la reforma constitucional que la viabilice hasta aquéllas que se oponen a rajatabla a dicha posibilidad. En el medio están quienes creen que es factible la reforma constitucional aunque por medios diferentes a los que ahora propone el gobierno del Presidente Correa. En este artículo planteo un análisis que se aparta de la esfera estrictamente institucional-normativa en la que se ha situado el debate para discutir sobre los que, a mi criterio, son los elementos de juicio que nos permiten entender la coyuntura actual en perspectiva histórica.

En esencia, planteo que la reelección presidencial indefinida –y de otras autoridades de elección popular- que ahora se propone no hace sino reflejar la naturaleza de la vida política del Ecuador, fundamentada en el personalismo y la ausencia de un Estado de Derecho consolidado. En otras palabras, planteo que si las condiciones políticas y económicas que actualmente vive el país se hubieran presentado en el pasado, seguramente los actores políticos de la época también habrían recurrido a la reelección presidencial como mecanismo para mantenerse en el poder. Por tanto, el imperio de los caciques, de las personas y de los caudillismos por encima de las instituciones políticas no sólo que han sido una constante en la vida política del país sino que a la par dan cuenta de un Estado inconcluso en términos de Imperio de la Ley.

Esta relación de dependencia de las instituciones políticas a las decisiones de los actores políticos no es una historia nueva pues data de la construcción fallida del estado-nación, al inicio de la república. Bajo dicha perspectiva, a lo largo de la vida política del país se ha ido replicando y sedimentando la idea de que las instituciones, entendidas como reglas de juego, tienen poca importancia y que en definitiva es la decisión de los actores del momento la que se impone. Luego, una discusión de carácter normativo o institucional si bien enriquece al país en términos de lo que “debería ser”, resulta vacía cuando se trata de entender el mundo del “ser” en el que se desenvuelve la política nacional y la sociedad ecuatoriana en general.

La reelección presidencial: ¿Por qué ahora y no antes?

En el caso de la reelección presidencial se reproduce la ya comentada lógica del imposible “deber ser” frente al “ser” apartado de la institucionalidad. Independientemente de los argumentos jurídicos que se puedan ofrecer, la resolución de la Corte Constitucional (CC) en este tema irá en función de los intereses políticos de quienes al momento manipulan sus fallos. En otros términos, si existe una decisión política de que el Presidente Correa sea nuevamente candidato, la CC no hará sino viabilizar tal propuesta a través de una sentencia. Por tanto, para anticipar algún criterio sobre la decisión de la CC es necesario entender el conjunto de intereses y condiciones sociales y económicas que afrontará el gobierno en el corto plazo. Luego de tal análisis será posible elucubrar sobre si efectivamente existe interés del Presidente Correa por ser nuevamente candidato o no.

Planteo esta duda al respecto pues, contrariamente a lo que mayoritariamente se suele afirmar, no creo que exista una decisión firme del Jefe de Estado por volver a terciar electoralmente. Dado que las condiciones sociales y económicas marcan las decisiones de los políticos, me parece que la conflictividad social a la que ahora mismo se enfrenta el Presidente Correa y las condiciones menos favorables de la economía nacional respecto a los años anteriores podrían terminar pesando más que su natural deseo –como el de cualquier político- de mantenerse en el poder. Al final quizás conviene terminar su gestión presidencial con altos niveles de popularidad y una economía aún sin presentar signos de agotamiento que afrontar en un posterior período (2017-2021) las consecuencias de erráticas decisiones asumidas durante sus diez años de gobierno (2007-2017).

Independientemente de mis dudas sobre la real intención del Presidente Correa de postularse a un nuevo período de gobierno, para efectos del análisis que en realidad interesa efectuar asumamos que hay una decisión firme del Presidente Correa de presentarse nuevamente como candidato en 2017. Ahí la pregunta que se presenta y que titula el presente acápite es: ¿por qué ahora y no antes la reelección presidencial?. La respuesta es simple: porque ahora el presidente tiene aceptación popular considerable, las condiciones económicas no son lo suficientemente catastróficas y la oposición política no es lo suficientemente fuerte como para amenazar al gobernante de turno. Visto en perspectiva histórica, mi argumento es que si cualquiera de los políticos de antaño habría estado en condiciones similares a las de Rafael Correa seguramente habría intentado reformar la Constitución para mantenerse en funciones. 

Como he mencionado, la supremacía de los intereses personales por encima del Estado de Derecho y de la ley no es cuestión nueva en el país. Los políticos de antes actuaban bajo dicha lógica y los de ahora también. Lo que marca la diferencia entre unos y otros en cuanto al tema de la reelección, por tanto, es el hecho de que los de antes no tuvieron el escenario que ahora tiene Rafael Correa. Aclaro que no estoy defendiendo la idea de la reelección presidencial indefinida, lo que sostengo es que quienes ahora enarbolan una oposición a dicha posibilidad seguramente la habrían defendido cuando estaban en el poder.  En definitiva, planteo que la debilidad institucional del país y las lógicas personalistas de la política son las que permiten explicar de mejor forma lo que ocurría en el país antes de los períodos del Presidente Correa y también luego de la emergencia de la denominada “Revolución Ciudadana”.

Como corolario de lo que he expuesto, el argumento de algunos actores en el sentido de que a la fecha existe una exacerbada ansiedad de poder de parte del Presidente Correa es simplemente retórica política y de posicionamiento electoral. La ansiedad de poder es propia de la naturaleza humana y la única forma de morigerarla es a través de instituciones fuertes y que generen confianza entre las personas. Ante la ausencia de reglas de juego que cumplan esas características las probabilidades de que los deseos y pasiones humanas de los gobernantes se impongan tienden a incrementarse. Por tanto, lo que marca la diferencia entre el grado de ambición de un político alemán o uruguayo respecto a uno ecuatoriano, argentino o venezolano es que en el primer caso el Estado se articula alrededor del Imperio de la Ley y en el segundo caso, no.  

Max Weber, el gran pensador social del siglo XX, señalaba que las sociedades se posicionan alrededor de tres formas de legitimación. En la primera lo que legitima el dominio de la política son los mitos, las tradiciones y el imaginario de los héroes y próceres nacionales. En la segunda forma, es el carisma de los líderes lo que permite articular las demandas sociales alrededor de la organización política. Finalmente, en la forma de legitimación normativa, propia del estado-burocrático moderno, es el Imperio de la Ley el que marca las lógicas de relacionamiento políticas y sociales.

Aún cuando Weber plantea que toda sociedad tiene rasgos de las tres formas de legitimación, el presupuesto es que en los estados modernos prima aquella que ancla su devenir al Estado de Derecho y el Imperio de la Ley. En el caso ecuatoriano y de la mayoría de países de la región esa tercera forma de legitimación nunca llego a instalarse. Vivimos aún bajo la predominancia de la legitimación carismática. Hay un líder que interpela el sentir y deseos de la población y los traslada a la esfera de la política. En dicho “romance” el Estado de Derecho pasa a segundo plano, es menos importante, no es la razón de ser de los estados.

Esa presencia preponderante de la legitimación carismática en el caso ecuatoriano es la que permite explicar por qué ahora se plantea modificar la Carta Política sin importar los posibles vicios de constitucionalidad. Al final, la cuestión institucional es menos importante que las ambiciones políticas del caudillo del momento. Tal cual lo he señalado en varias ocasiones en este  artículo, las mismas justificaciones que ahora presenta Alianza País para requerir la modificación constitucional son las que cualquier otro actor político hubiera utilizado en el pasado si se encontraba en una coyuntura como la actual. Por tanto, lo que está en el fondo del debate no es la reelección presidencial en sí misma sino la ausencia de un Estado moderno, en estricto sentido.

La asociación cívica y el Estado de Derecho.

Frente a un escenario pesimista como el que he relatado, la salida se encuentra en la asociación cívica de la ciudadanía. Acorde a lo que hace más de dos siglos expuso Alexis de Tocqueville en su seminal obra “La democracia en América”, la posibilidad de que las instituciones políticas, los partidos y la democracia florezcan y se impongan por encima de las ambiciones de los políticos es la capacidad de las personas de asociarse. La asociación ciudadana, por tanto, constituye el mejor remedio frente a la posible tiranía de quienes detentan el poder. Dicha capacidad de asociación se observa en cualquier forma de acción colectiva marcada por actores ciudadanos con intereses en común. La formación de un club, de una organización artística o cultural, los gremios profesionales y artesanales o las agremiaciones estudiantiles y culturales son algunos ejemplos de diferentes formas de asociación ciudadana.

Un elemento clave para que estas formas de asociación cívica surjan y se conviertan en catalizadores de la actividad pública es que las personas se asuman como iguales. Así, la igualdad es la condición social básica para que la organización ciudadana prospere. Un elemento adicional de la organización ciudadana a la que me refiero es  que sus integrantes busquen conseguir sus objetivos por cuenta propia, sin intervención del Estado. En otras palabras, no se trata de agremiaciones que actúan como grupos de presión ni de chantaje político. Son espacios de ciudadanos en los que hay politización y control social de lo público. Como consecuencia de lo dicho, la organización cívica en sus diferentes formas es el mecanismo a través del que se implanta el Imperio de la Ley y el Estado de Derecho, con las consiguientes restricciones que de allí surgen respecto a las ambiciones naturales de los políticos… y de cualquier persona que ostenta poder.

Como corolario de lo expuesto, la asociación cívica es un proceso espontáneo desde lo social, desde lo cotidiano, desde la posibilidad de agruparse de las personas alrededor de temas de interés común. Por sus objetivos en cuanto guardián de los excesos de los políticos, la generación de espacios de participación ciudadana desde los gobiernos no sólo da cuenta de una tergiversación de la esencia de la asociación cívica sino que es una contradicción per se respecto a sus objetivos políticos. Por tanto, organizar a la población “desde arriba”, desde el poder, no tiene como objetivo generar espacios de ciudadanía sino mas bien afianzar las relaciones clientelares y de intercambio de votos por favores, propias de países como el nuestro. Acorde al razonamiento previo, generar formas de asociación cívica desde el poder debe ser entendido como un mecanismo de cooptación de la participación ciudadana en favor de una agrupación política determinada, independientemente de su orientación ideológica.

Como he mencionado al inicio de este artículo, la disputa por la viabilidad o no de la reelección indefinida no tiene su raíz en el debate jurídico sino en que quien ahora pretende hacerlo es el Presidente Correa y no los otros actores políticos. Si las condiciones por las que ahora atraviesa el país habrían estado presentes en los gobiernos anteriores seguramente los políticos de la época habrían considerado esta opción como viable y quienes ahora se oponen habrían sido los más fervientes defensores de la reforma. Al final, el discurso de que hay que estar alineado con lo que el pueblo quiere -vox populi, vox Dei- es fácilmente adaptable a cualquier coyuntura política, sin importar la orientación política de quien lo presente.

En lo de fondo, la supremacía de los apetitos personales de los políticos por encima de lo que establece el marco normativo es lo que ha caracterizado la vida política del país antes y después de la “Revolución Ciudadana” por lo que, en ese trascendental y definitivo aspecto, no existe variación alguna. La salida no es el cambio de políticos porque todos, inevitablemente y por naturaleza humana, tienden a concentrar poder. La salida es que el Estado de Derecho prime y para ello la asociación cívica entre la ciudadanía es quizás el mecanismo más idóneo. Para el efecto, la espontaneidad y la organización “desde abajo” es la que permite generar sociedades que controlen la tiranía de la política. Cuando la organización se da “desde arriba” lo que se obtiene son espacios de lealtad política al actor de turno. Allí el clientelismo emerge y el imperio de los intereses de las personas por encima de los intereses de lo público se incrementan.

Mientras no pensemos en la necesidad de propiciar asociación cívica entre personas que se observen como iguales, que se agrupen y que generen ciudadanías de alta intensidad, las dinámicas políticas y sociales del país no cambiarán. Hoy es el tema de la reelección presidencial, mañana puede ser cualquier otro. El discurso normativo y los análisis de orden jurídico son relevantes y definitorios en contextos en los que existe Imperio de la Ley. Ese no es el caso del Ecuador de ahora y tampoco del de antes.