El debate sobre la reelección presidencial:
una perspectiva diferente.
(Este
artículo de opinión fue escrito el 27 de octubre de 2014 y posteriormente difundido
en “Carta Económica”, publicación quincenal de CORDES)
La reelección presidencial indefinida es el tema que concita
la atención pública durante los últimos meses. Las posiciones que al respecto
toman los diversos actores van desde las que defienden irrestrictamente la
reforma constitucional que la viabilice hasta aquéllas que se oponen a
rajatabla a dicha posibilidad. En el medio están quienes creen que es factible
la reforma constitucional aunque por medios diferentes a los que ahora propone
el gobierno del Presidente Correa. En este artículo planteo un análisis que se
aparta de la esfera estrictamente institucional-normativa en la que se ha
situado el debate para discutir sobre los que, a mi criterio, son los elementos
de juicio que nos permiten entender la coyuntura actual en perspectiva
histórica.
En esencia, planteo que la reelección presidencial indefinida
–y de otras autoridades de elección popular- que ahora se propone no hace sino
reflejar la naturaleza de la vida política del Ecuador, fundamentada en el
personalismo y la ausencia de un Estado de Derecho consolidado. En otras
palabras, planteo que si las condiciones políticas y económicas que actualmente
vive el país se hubieran presentado en el pasado, seguramente los actores políticos
de la época también habrían recurrido a la reelección presidencial como
mecanismo para mantenerse en el poder. Por tanto, el imperio de los caciques,
de las personas y de los caudillismos por encima de las instituciones políticas
no sólo que han sido una constante en la vida política del país sino que a la
par dan cuenta de un Estado inconcluso en términos de Imperio de la Ley.
Esta relación de dependencia de las instituciones políticas a
las decisiones de los actores políticos no es una historia nueva pues data de
la construcción fallida del estado-nación, al inicio de la república. Bajo
dicha perspectiva, a lo largo de la vida política del país se ha ido replicando
y sedimentando la idea de que las instituciones, entendidas como reglas de
juego, tienen poca importancia y que en definitiva es la decisión de los
actores del momento la que se impone. Luego, una discusión de carácter
normativo o institucional si bien enriquece al país en términos de lo que “debería
ser”, resulta vacía cuando se trata de entender el mundo del “ser” en el que se
desenvuelve la política nacional y la sociedad ecuatoriana en general.
La reelección
presidencial: ¿Por qué ahora y no antes?
En el caso de la reelección presidencial se reproduce la ya
comentada lógica del imposible “deber ser” frente al “ser” apartado de la
institucionalidad. Independientemente de los argumentos jurídicos que se puedan
ofrecer, la resolución de la Corte Constitucional (CC) en este tema irá en
función de los intereses políticos de quienes al momento manipulan sus fallos.
En otros términos, si existe una decisión política de que el Presidente Correa
sea nuevamente candidato, la CC no hará sino viabilizar tal propuesta a través
de una sentencia. Por tanto, para anticipar algún criterio sobre la decisión de
la CC es necesario entender el conjunto de intereses y condiciones sociales y
económicas que afrontará el gobierno en el corto plazo. Luego de tal análisis
será posible elucubrar sobre si efectivamente existe interés del Presidente
Correa por ser nuevamente candidato o no.
Planteo esta duda al respecto pues, contrariamente a lo que
mayoritariamente se suele afirmar, no creo que exista una decisión firme del Jefe
de Estado por volver a terciar electoralmente. Dado que las condiciones
sociales y económicas marcan las decisiones de los políticos, me parece que la
conflictividad social a la que ahora mismo se enfrenta el Presidente Correa y
las condiciones menos favorables de la economía nacional respecto a los años
anteriores podrían terminar pesando más que su natural deseo –como el de
cualquier político- de mantenerse en el poder. Al final quizás conviene
terminar su gestión presidencial con altos niveles de popularidad y una
economía aún sin presentar signos de agotamiento que afrontar en un posterior
período (2017-2021) las consecuencias de erráticas decisiones asumidas durante
sus diez años de gobierno (2007-2017).
Independientemente de mis dudas sobre la real intención del
Presidente Correa de postularse a un nuevo período de gobierno, para efectos
del análisis que en realidad interesa efectuar asumamos que hay una decisión
firme del Presidente Correa de presentarse nuevamente como candidato en 2017. Ahí
la pregunta que se presenta y que titula el presente acápite es: ¿por qué ahora
y no antes la reelección presidencial?. La respuesta es simple: porque ahora el
presidente tiene aceptación popular considerable, las condiciones económicas no
son lo suficientemente catastróficas y la oposición política no es lo
suficientemente fuerte como para amenazar al gobernante de turno. Visto en
perspectiva histórica, mi argumento es que si cualquiera de los políticos de
antaño habría estado en condiciones similares a las de Rafael Correa
seguramente habría intentado reformar la Constitución para mantenerse en
funciones.
Como he mencionado, la supremacía de los intereses personales
por encima del Estado de Derecho y de la ley no es cuestión nueva en el país.
Los políticos de antes actuaban bajo dicha lógica y los de ahora también. Lo
que marca la diferencia entre unos y otros en cuanto al tema de la reelección,
por tanto, es el hecho de que los de antes no tuvieron el escenario que ahora
tiene Rafael Correa. Aclaro que no estoy defendiendo la idea de la reelección
presidencial indefinida, lo que sostengo es que quienes ahora enarbolan una
oposición a dicha posibilidad seguramente la habrían defendido cuando estaban
en el poder. En definitiva, planteo que
la debilidad institucional del país y las lógicas personalistas de la política
son las que permiten explicar de mejor forma lo que ocurría en el país antes de
los períodos del Presidente Correa y también luego de la emergencia de la
denominada “Revolución Ciudadana”.
Como corolario de lo que he expuesto, el argumento de algunos
actores en el sentido de que a la fecha existe una exacerbada ansiedad de poder
de parte del Presidente Correa es simplemente retórica política y de
posicionamiento electoral. La ansiedad de poder es propia de la naturaleza
humana y la única forma de morigerarla es a través de instituciones fuertes y
que generen confianza entre las personas. Ante la ausencia de reglas de juego
que cumplan esas características las probabilidades de que los deseos y pasiones
humanas de los gobernantes se impongan tienden a incrementarse. Por tanto, lo
que marca la diferencia entre el grado de ambición de un político alemán o
uruguayo respecto a uno ecuatoriano, argentino o venezolano es que en el primer
caso el Estado se articula alrededor del Imperio de la Ley y en el segundo
caso, no.
Max Weber, el gran pensador social del siglo XX, señalaba que
las sociedades se posicionan alrededor de tres formas de legitimación. En la
primera lo que legitima el dominio de la política son los mitos, las
tradiciones y el imaginario de los héroes y próceres nacionales. En la segunda
forma, es el carisma de los líderes lo que permite articular las demandas
sociales alrededor de la organización política. Finalmente, en la forma de
legitimación normativa, propia del estado-burocrático moderno, es el Imperio de
la Ley el que marca las lógicas de relacionamiento políticas y sociales.
Aún cuando Weber plantea que toda sociedad tiene rasgos de
las tres formas de legitimación, el presupuesto es que en los estados modernos
prima aquella que ancla su devenir al Estado de Derecho y el Imperio de la Ley.
En el caso ecuatoriano y de la mayoría de países de la región esa tercera forma
de legitimación nunca llego a instalarse. Vivimos aún bajo la predominancia de
la legitimación carismática. Hay un líder que interpela el sentir y deseos de
la población y los traslada a la esfera de la política. En dicho “romance” el
Estado de Derecho pasa a segundo plano, es menos importante, no es la razón de
ser de los estados.
Esa presencia preponderante de la legitimación carismática en
el caso ecuatoriano es la que permite explicar por qué ahora se plantea
modificar la Carta Política sin importar los posibles vicios de
constitucionalidad. Al final, la cuestión institucional es menos importante que
las ambiciones políticas del caudillo del momento. Tal cual lo he señalado en
varias ocasiones en este artículo, las
mismas justificaciones que ahora presenta Alianza País para requerir la
modificación constitucional son las que cualquier otro actor político hubiera
utilizado en el pasado si se encontraba en una coyuntura como la actual. Por
tanto, lo que está en el fondo del debate no es la reelección presidencial en
sí misma sino la ausencia de un Estado moderno, en estricto sentido.
La asociación cívica y
el Estado de Derecho.
Frente a un escenario pesimista como el que he relatado, la
salida se encuentra en la asociación cívica de la ciudadanía. Acorde a lo que
hace más de dos siglos expuso Alexis de Tocqueville en su seminal obra “La
democracia en América”, la posibilidad de que las instituciones políticas, los
partidos y la democracia florezcan y se impongan por encima de las ambiciones
de los políticos es la capacidad de las personas de asociarse. La asociación
ciudadana, por tanto, constituye el mejor remedio frente a la posible tiranía
de quienes detentan el poder. Dicha capacidad de asociación se observa en
cualquier forma de acción colectiva marcada por actores ciudadanos con
intereses en común. La formación de un club, de una organización artística o
cultural, los gremios profesionales y artesanales o las agremiaciones
estudiantiles y culturales son algunos ejemplos de diferentes formas de
asociación ciudadana.
Un elemento clave para que estas formas de asociación cívica
surjan y se conviertan en catalizadores de la actividad pública es que las
personas se asuman como iguales. Así, la igualdad es la condición social básica
para que la organización ciudadana prospere. Un elemento adicional de la
organización ciudadana a la que me refiero es
que sus integrantes busquen conseguir sus objetivos por cuenta propia,
sin intervención del Estado. En otras palabras, no se trata de agremiaciones
que actúan como grupos de presión ni de chantaje político. Son espacios de
ciudadanos en los que hay politización y control social de lo público. Como
consecuencia de lo dicho, la organización cívica en sus diferentes formas es el
mecanismo a través del que se implanta el Imperio de la Ley y el Estado de
Derecho, con las consiguientes restricciones que de allí surgen respecto a las
ambiciones naturales de los políticos… y de cualquier persona que ostenta
poder.
Como corolario de lo expuesto, la asociación cívica es un
proceso espontáneo desde lo social, desde lo cotidiano, desde la posibilidad de
agruparse de las personas alrededor de temas de interés común. Por sus
objetivos en cuanto guardián de los excesos de los políticos, la generación de
espacios de participación ciudadana desde los gobiernos no sólo da cuenta de
una tergiversación de la esencia de la asociación cívica sino que es una
contradicción per se respecto a sus
objetivos políticos. Por tanto, organizar a la población “desde arriba”, desde
el poder, no tiene como objetivo generar espacios de ciudadanía sino mas bien
afianzar las relaciones clientelares y de intercambio de votos por favores,
propias de países como el nuestro. Acorde al razonamiento previo, generar
formas de asociación cívica desde el poder debe ser entendido como un mecanismo
de cooptación de la participación ciudadana en favor de una agrupación política
determinada, independientemente de su orientación ideológica.
Como he mencionado al inicio de este artículo, la disputa por
la viabilidad o no de la reelección indefinida no tiene su raíz en el debate
jurídico sino en que quien ahora pretende hacerlo es el Presidente Correa y no
los otros actores políticos. Si las condiciones por las que ahora atraviesa el
país habrían estado presentes en los gobiernos anteriores seguramente los políticos
de la época habrían considerado esta opción como viable y quienes ahora se
oponen habrían sido los más fervientes defensores de la reforma. Al final, el
discurso de que hay que estar alineado con lo que el pueblo quiere -vox populi, vox Dei- es fácilmente
adaptable a cualquier coyuntura política, sin importar la orientación política
de quien lo presente.
En lo de fondo, la supremacía de los apetitos personales de
los políticos por encima de lo que establece el marco normativo es lo que ha
caracterizado la vida política del país antes y después de la “Revolución
Ciudadana” por lo que, en ese trascendental y definitivo aspecto, no existe
variación alguna. La salida no es el cambio de políticos porque todos,
inevitablemente y por naturaleza humana, tienden a concentrar poder. La salida
es que el Estado de Derecho prime y para ello la asociación cívica entre la
ciudadanía es quizás el mecanismo más idóneo. Para el efecto, la espontaneidad
y la organización “desde abajo” es la que permite generar sociedades que
controlen la tiranía de la política. Cuando la organización se da “desde
arriba” lo que se obtiene son espacios de lealtad política al actor de turno.
Allí el clientelismo emerge y el imperio de los intereses de las personas por
encima de los intereses de lo público se incrementan.
Mientras no pensemos en la necesidad de propiciar asociación
cívica entre personas que se observen como iguales, que se agrupen y que
generen ciudadanías de alta intensidad, las dinámicas políticas y sociales del
país no cambiarán. Hoy es el tema de la reelección presidencial, mañana puede
ser cualquier otro. El discurso normativo y los análisis de orden jurídico son
relevantes y definitorios en contextos en los que existe Imperio de la Ley. Ese
no es el caso del Ecuador de ahora y tampoco del de antes.
